El pasado 26 de junio, el jefe de Recursos Humanos de la policía municipal en Puerto Vallarata, Luis Alonso «N», fue detenido cuando intentaba abusar de una menor de 10 años edad .
Luis Alonso “N” de 46 años de edad, fue sorprendido con una niña desnuda dentro de su coche. Él estaba parado junto a la puerta del copiloto y cuando policías que hacían vigilancia en la zona se acercaron, se puso nervioso e intentó tapar el interior del vehículo. Adentro estaba la menor y, según lo que declaró después, el hombre presuntamente ya había estado tocando su cuerpo.
La niña estaba completamente desnuda y dijo a los policías que el acusado la había tocado. Debido a las declaraciones de la víctima, elementos de la policía aprehendieron a Luis Alonso “N” inmediatamente.
Por su parte, el gobierno municipal informó a través de un comunicado que el detenido fue separado de su cargo y recordó que ocupaba éste tras haber ganado un juicio laboral.
El Ayuntamiento señaló que colaboraría con al Fiscalía del estado para que se siga un proceso adecuado en contra del funcionario y aseguró que se brindaría apoyo y seguimiento psicológico a la niña que fue víctima del servidor público.
No se vincula a proceso
Una semana después, el 3 de agosto, se realizó la primera audiencia para vincular a proceso a Luis Alonso «N» y a partir de la cual se dio una ola de indignación ante este caso.
El Ministerio Público Juan Alberto López Amaral, pidió la imputación solo por un delito, abuso sexual infantil, y pidió la agravante de que la niña es menor de 12 años.
Sin embargo, el Código Penal de Jalisco tiene una contradicción: las agravantes a este delito están estipuladas en el Artículo 142-N, donde dice que la pena se incrementará una tercera parte si la víctima tiene menos de esa edad.
El problema es que el propio Artículo 142-L, que regula el abuso sexual, ya tiene una penalidad diferente dependiendo de la edad, de uno a cuatro años de prisión si la víctima tiene entre 12 y 17 años, y de tres a seis años de cárcel si es menor de los 12.
De modo que el juez Jorge Luis Solís Aranda decidió que no era aplicable la agravante.
Con una posible pena que promedia menos de cinco años, el acusado tiene el derecho a pedir la suspensión condicional del proceso, con lo cual puede salir libre con medidas cautelares como vigilancia, resguardo domiciliario, el compromiso de no acercarse a su víctima o recibir tratamiento psicológico, según se determine.
«No hay corrupción de menores porque la menor no sintió placer»
El pedereasta estuvo en audiencia de imputación ante el juez de Control y Oralidad del municipio en Puerto Vallarta, quien decidió no vincularlo a proceso el pasado 14 de agosto.
El juez argumentó que los hechos por los que se señalaba al ex servidor público se tomaron en cuenta en las primeras acusaciones ministeriales por el delito de abuso sexual infantil, contra la misma víctima, y por esos hechos ya enfrenta un juicio desde el pasado 3 de agosto; el proceso judicial se encuentra en etapa de investigación complementaria y aportación datos de prueba.
La Fiscalía Estatal anunció que apelará la decisión del juez “toda vez que considera que existe una inexacta aplicación de la ley dado que ambos delitos pueden coexistir con independencia del bien jurídico tutelado”.
La dependencia formuló la nueva acusación para reforzar las imputaciones contra el ex funcionario, y evitar que consiga algún beneficio que le permita egresar del reclusorio en el que se encuentra bajo prisión preventiva oficiosa.
📢 #Boletín | Apelará Fiscalía de Jalisco decisión de juez de no vincular a proceso a ex funcionario municipal en Puerto Vallarta por el delito de corrupción de menores pic.twitter.com/rObX67puo1 — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) August 15, 2020
Suspenden a juez por no vincular a proceso a funcionario por corrupción de menores
Por negarse a vincular a proceso el juez Jorge Luis Aranda fue suspendido de su cargo y será sometido a investigación; el argumento del juez fue que el extrabajador del municipio ya está vinculado por abuso sexual infantil en el mismo caso.
Es así que el Ministerio Público considera que la resolución del juzgador violenta los derechos de la víctima, pues vulnera el principio de máxima protección y el interés superior de la menor de 10 años de edad, además de que no se tomó en cuenta la perspectiva de género.
En tanto, el Comité para América Latina y el Cribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), el colectivo Mujeres Puerto Vallarta y Colectivo Puerto Feminista, entre otras organizaciones, denunciaron que el juez que lleva el caso argumentó que «no hay corrupción de menores porque la menor no sintió placer».
Por esto, las colectivas convocaron a una conferencia de prensa el lunes 17 de agosto.
INFORMACIÓN: Infobae – Animal Político – El Universal – El Financiero
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