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FGR PRESENTA PRUEBAS CONTRA LOZOYA

La Fiscal General de la República (FGR) sostuvo que Emilio Lozoya Austin argumentó ante el consejo directivo de Petróleo Mexicanos (Pemex), que era primordial la adquisición de la planta de fertilizantes agronitrogenados que pertenecía a Altos Hornos de México.

Entre los datos de prueba presentados por la FGR destaca el 5 de marzo de 2019; Martha Edith Márquez Acosta, representante legal de Pemex,hizo conocimiento de una nota criminal, donde PMI Holding, empresa filial de Pemex, informó que para la adquisición de la Planta de Agro Nitrogenados se requerían 400 millones de dólares, de los cuales 150 millones de dólares eran para reiniciar actividades.

Sin embargo, en diciembre de 2013 se aumentó el avalúo a 475 millones de dólares, ante lo cual se solicitó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes (Indaabi) que estimara el precio real de la planta, sin embargo luego se decidió que este avalúo lo hiciera una firma comercial.

En su calidad de director de Pemex, Emilio Lozoya, dijo que era primordial para el gobierno la producción de fertilizante, por eso era importante adquirirla para lo que se requería de inicio 175 millones de dólares, y 200 millones de dólares para la reactivación de la planta e insistió que la primera era la producción de fertilizantes.

Finalmente, la transacción se concretó por 264 millones de dólares por los activos y 11 millones por los inmuebles de la planta, empero, luego esta última cifra se incrementó a 380 millones de dólares.

Posteriormente, el Indaabin confirmó que la planta tenía 14 años inactiva, mientras que PMI de Norteamérica, filial de Pemex, determinó que el 82 por ciento de la maquinaria de agronitrogenados necesitaba cambiarse.

La FGR también presentó como indicio de prueba la denuncia que el 2 de mayo de 2019 presentó Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en contra de Emilio Lozoya, su hermana Gilda, y Alonso Ancira, dueño de AHMSA.

El ex director de Pemex es asistido por los abogados Miguel Ontiveros Alonso y Alejandro Rojas Pruneda, ambos del despacho Criminal Compliance.

INFORMACIÓN: La Jornada- Milenio –

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