El día de ayer, la Suprema Corte de Justicia (SCDJ) avaló que se realice la consulta popular propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador; sin embargo, la pregunta presentada por el Presidente recibió algunas modificaciones, paso de:
¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?
A la aprobada por la SCJN:
¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
Entendiendo así, que mientras que la Corte declara inconstitucional la pregunta propuesta e invalida que haya consulta, el Presidente lanza a sus simpatizantes en contra de la SCDJ, diciendo: “ellos son los culpables de que yo no cumpla con juzgar a los presidentes o en hacer la consulta”.
La organización y difusión de la consulta, quedará a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE), por lo que, nadie más podrá contratar publicidad para difundirla, además de decidir bajo qué nombre será presentada.
La Ley de Consulta Popular establece que su resultado será vinculante para el poder EJECUTIVO y LEGISLATIVO, es decir, no para el PODER JUDICIAL, ni para la FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Lo que quiere decir, que la consulta por sí misma, no puede generar que se juzgue a nadie.
Si bien, lo que hizo ayer la Suprema Corte no fue impartir justicia, sí fue hacer política y quitarle la posibilidad de que AMLO iniciará una línea discursiva en contra de la SCDJ, único órgano que sigue siendo un contrapeso de sus decisiones.
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