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Aborto legal, seguro y gratuito en Argentina

LatFem / Foto: SOL AVENA

Tras un ardua labor por parte del movimiento feminista en Argentina ante al Congreso, el aborto libre, legal y seguro es una realidad. Este miércoles activistas pro aborto celebraron al grito: «¡ya es ley! ya es ley!».

Con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención, en su mayoría presentes hombres, la sesión se extendió por más de 12 horas desde el martes por la tarde.

De los 70 senadores en debate, dos de ellos estuvieron ausentes: el expresidente Carlos Menem, quien se encuentra hospitalizado en grave estado de salud y José Alperovich, de licencia por acusaciones de violación. Ambos rechazan el aborto.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno de Alberto Fernández establece que las mujeres y otras personas con capacidad de gestar tienen derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 del proceso gestacional. Pasado ese plazo, el aborto será legal sólo en los casos de embarazo por violación o riesgo de vida para la gestante.

Tras haber sido aprobada la ley por el Senado, sólo falta que sea promulgada por el Presidente, quien con ello cumple con una de sus propuestas electorales.


El aborto seguro, legal y gratuito es ley. A ello me comprometí que fuera en los días de campaña electoral. Hoy somos una sociedad mejor que amplía derechos a las mujeres y garantiza la salud pública. Recuperar el valor de la palabra empeñada. Compromiso de la política. pic.twitter.com/cZRy179Zrj — Alberto Fernández (@alferdez) December 30, 2020

Por su parte, el Papa Francisco manifestó su criterio a través de un mensaje escrito.


El Hijo de Dios nació descartado para decirnos que toda persona descartada es un hijo de Dios. Vino al mundo como un niño viene al mundo, débil y frágil, para que podamos acoger nuestras fragilidades con ternura. — Papa Francisco (@Pontifex_es) December 29, 2020

En 2018 el Senado hizo naufragar una iniciativa similar.

Mujeres y colectivas feministas a favor de la legalización del aborto, siguieron la discusión mediante enormes pantallas que transmitieron el debate a las afueras del Congreso y a la espera de la votación de los senadores.

Argentina penalizaba hasta ahora las mujeres y a quienes les ayudan a abortar. Las únicas excepciones contempladas por ley eran los casos de violación o riesgo para la salud integral de la madre, recogidos en protocolos que no se cumplen en unas ocho provincias del país, de acuerdo con denuncias de legisladores.

Argentina, el tercer país más grande de América Latina, se suma a un listado que incluye a Uruguay, Cuba, la Ciudad de México, el estado mexicano de Oaxaca, las Antillas y la Guayana Francesas entre los que no castigan el aborto en la región.

Provida

El colectivo Unidad Provida emitió un comunicado en el que señaló que “la madrugada del 30 de diciembre de 2020 será recordada de aquí en adelante como una de las jornadas más macabras de la historia reciente”.

El grupo lamentó que en sólo un mes, “la política mostró su peor cara” y avaló el «descarte selectivo de personas a través de la legalización del aborto a simple demanda”.

Los abortos clandestinos han causado más de 3 mil muertes en el país desde 1983, según las autoridades. Cada año alrededor de 38 mil mujeres son hospitalizadas por este tipo de procedimientos. Los fracasos de los últimos años para sacar adelante una ley eran atribuidos a la fuerte influencia de la Iglesia Católica sobre la dirigencia política.

El Poder Ejecutivo se comprometió a realizar ajustes una vez que la norma fuera reglamentada, con el fin de asegurarse el apoyo de algunos de los senadores indecisos.

La norma contempla que la persona gestante deberá prestar por escrito su consentimiento para abortar a partir de los 16 años. Los menores de esa edad tendrán que ejercer los “derechos a través de sus representantes legales”.

La ley también autoriza la objeción de conciencia de los facultativos que no quieran participar del aborto, pero siempre que deriven con rapidez a las pacientes a otros profesionales que lo lleven a cabo.

Los profesionales de la salud que se nieguen a cumplir con la interrupción del embarazo en los términos comprendidos por la ley estarán sujetos a sanciones que van de los tres meses a un año en prisión y la suspensión de su licencia profesional por el doble de tiempo de la condena.

La ley garantiza la cobertura integral y gratuita del aborto en el sistema de salud público y privado.

INFORMACIÓN: El Economista – BBC

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