Por vulnerar el periodo de veda electoral durante el proceso electoral 2020-2021, el Partido Verde Ecologista y diversos influencers recibirán diversas multas determinadas por el Pleno de la Sala Especializada del Tribunal Electoral:
Gabriel Soto: 133,437 pesos
Bárbara de Regil: 86,850 pesos
Miguel Francisco Martínez Martín: 23,617 pesos
Raquel Bigorra Pérez: 8,742 pesos
Raúl Cadena Herrera: 21,830 pesos
Brandon Arturo Delgadillo Ortiz: 4,846 pesos
Karla Haydee Díaz Leal Arreguín: 6,311 pesos
Alejandro Fernández Alavedra: 5,081 pesos
Lambda García: 21,254 pesos
Sherlyn: 28,092 pesos
María Sonia Laura González Martínez: 50,640 pesos
Lissette Gutiérrez Salazar – 7,019 pesos
Celia Lora: 11,570 pesos
Juan Lozada: 10,696 pesos
Zarime Irene Pindter Heredia: 6,973 pesos
Grettel Valdez: 45,151 pesos
Pamela Voguel: 6,629 pesos
Javier Ruíz: 39,777 pesos
Mónica Noguera: 16,874 pesos
Regina Murguía: 8,951 pesos
Regina Bautista: 14,970 pesos
María Fernanda Quiroz: 9,342 pesos
Mariana Echeverría: 20,880 pesos
Mauricio Fernando Garza Ferrigno: 42,791 pesos
Michael Ronda: 42,180 pesos
Manelyk: 24,735 pesos
La Sala Especializada (TEPJF) concluyó que los influencers vulneraron el periodo de veda electoral con la difusión de una serie de publicaciones realizadas el 5 y 6 de junio de 2021, con la finalidad de efectuar un llamado al voto en favor del mencionado partido político.
Lo anterior, porque las publicaciones en Instagram, configuraron la violación a las reglas sobre difusión de propaganda electoral en veda electoral, ya que del análisis de los mensajes emitidos se desprenden elementos que permiten concluir que se trató de una campaña orquestada y sistematizada que posicionó de forma masiva al Partido Verde (PVEM).
”Voy a votar por el Verde, porque sus propuestas van muy acorde a mi ideología”, “el día de mañana que son las elecciones, voy a votar por el Partido Verde”. Frases empleadas por los influencers
En consecuencia, se determinó la responsabilidad directa del PVEM por utilizar a las y los influencers como emisores para posicionarse y hacer llegar propaganda electoral directamente al electorado aprovechando las redes sociales, por lo que se le impuso una sanción directamente de su ministración anual correspondiente al 25% de su financiamiento público nacional equivalente a más de 118 millones de pesos.